El Alto Comisionado para los Derechos Humanos se ha visto forzado a cerrar varias de sus oficinas en Colombia y a prescindir de personal “cuando la prevención de la violencia es más necesaria que nunca”.

Los recortes de fondos han obligado a cerrar sus centros en Medellín, Neiva y Villavicencio, que cubren ocho departamentos, y prescindir de casi la mitad del personal (46 profesionales).

“Mujeres indígenas con las que trabajamos, han llorado, literalmente, ante el cierre de nuestra oficina en Neiva. Nos dicen: ‘nos están dejando solas, ustedes son los únicos que pueden ayudarnos a recuperar nuestros hijos de los grupos armados’”, explicó Maarit Kohonen, directora de operaciones globales.

La asistencia técnica y esfuerzos para prevenir violaciones de derechos humanos son cada vez más solicitados “a medida que la violencia y las tensiones preelectorales van en aumento”, añadió. Entre el 1 de enero y el 25 de junio, la oficina recibió 84 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos, de los que ya hemos verificado 20 casos.

Por otro lado, el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, el mexicano Carlos Ruiz Massieu, ha sido nombrado enviado especial del Secretario General para Haití a partir del 1 de agosto.