La relatora especial para Irán, Mai Sato, presenta ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que advierte que la guerra está profundizando una crisis de derechos humanos ya de por sí grave. Sato denunció que más de mil civiles han muerto en los ataques, incluyendo el bombardeo de una escuela primaria en Minab y daños en varios lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los ataques a infraestructuras petroleras han provocado una lluvia negra tóxica con graves consecuencias para la salud pública.

Entre 600.000 y un millón de hogares iraníes, hasta 3,2 millones de personas, han sido desplazados internamente, huyendo de Teherán y otras grandes ciudades hacia el norte.

Sato subrayó que "si ponemos al pueblo de Irán en el centro de cualquier solución, la escalada militar debe cesar y todas las partes deben reanudar el diálogo diplomático inmediatamente". La relatora documentó que durante las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad dispararon a quemarropa contra manifestantes, incluidos niños, y que decenas de miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, sometidas a confesiones forzadas y, en algunos casos, condenadas a muerte. Según su informe, hasta 7000 personas podrían haber muerto en las protestas.

Un corte de telecomunicaciones impuesto durante las protestas se ha repetido ahora, aislando a la población. Sato expresó su profunda preocupación por los detenidos, que están cada vez más aislados del mundo exterior sin supervisión independiente, y reiteró su solicitud, hasta ahora denegada, de visitar el país.