Por Hernán Alejandro Olano García
Miembro de Número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y miembro correspondiente extranjero de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
Con base en mi versión comentada de la Constitución Política de Colombia, presento, en resumen, seis hitos fundamentales de la Carta de 1991 que pueden destacarse como pilares del Estatuto Superior en sus 34 años de existencia, no obstante, las 60 reformas de la Carta, que para muchos la hacen “una colcha de retazos”, o, como la definieren Jaime Vidal Perdomo y Jaime Castro Castro, padece de “boterismo constitucional”, por la hiperinflación normativa que se ha derivado de ella en todos estos años.
1. Reconocimiento del Estado Social de Derecho (Art. 1)
La Constitución de 1991 marcó el tránsito del mero Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, con lo cual se incorporó como deber estatal la intervención activa para garantizar condiciones mínimas de dignidad, equidad y justicia material. Esto sitúa a la persona como eje del ordenamiento y consagra principios de solidaridad, dignidad humana y primacía de los derechos fundamentales.
2. Ampliación y protección integral de los derechos fundamentales
Se consagran no solo derechos civiles y políticos, sino también económicos, sociales, culturales y colectivos, con mecanismos de protección reforzada como la acción de tutela (Art. 86) y el bloque de constitucionalidad (Art. 93). Esta protección es tanto jurisdiccional como política, fortaleciendo el principio de aplicación inmediata de muchos derechos fundamentales.
3. Mecanismos de democracia participativa
La Carta establece mecanismos como el referendo, la consulta popular, el plebiscito, la iniciativa legislativa, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato, configurando un sistema que reconoce al pueblo como verdadero poder constituyente primario. Así, se supera el modelo exclusivamente representativo y se amplía el espectro de participación directa en los asuntos públicos.
4. Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural
Por primera vez en la historia constitucional colombiana se reconoce que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural (Preámbulo y Art. 7). Esto se refleja en derechos específicos de los pueblos indígenas, afros y raizales, así como en el reconocimiento de su jurisdicción especial (Art. 246), como expresión de autonomía y pluralismo jurídico.
5. Nueva estructura del poder público y creación de la Corte Constitucional
La Constitución reorganiza las ramas del poder público e introduce órganos de control como la Corte Constitucional, encargada de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta. Esta Corte ejerce control constitucional fuerte, incluido el automático sobre reformas y leyes estatutarias, marcando el inicio de un neoconstitucionalismo garantista en Colombia.
6. La Acción de Tutela y el nacimiento del Derecho Procesal Constitucional
La Constitución de 1991 institucionaliza una verdadera revolución garantista al consagrar la acción de tutela (art. 86), mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales ante cualquier amenaza o vulneración por parte de autoridades o particulares, y de manera preferente, sumaria y subsidiaria.
Junto al hábeas corpus (art. 30) y el derecho de petición (art. 23), la tutela forma una triada procesal garantista, piedra angular del Derecho Procesal Constitucional colombiano. Este nuevo campo jurídico se desarrolla además con otras herramientas procesales incorporadas o reafirmadas en la Carta:
- Acción de cumplimiento (art. 87), para exigir la ejecución de normas con fuerza material de ley o actos administrativos.
- Acción y excepción de inconstitucionalidad (arts. 40-6 y 4), como instrumentos ciudadanos y judiciales de control difuso.
- Acciones populares y de grupo o clase (art. 88), destinadas a la defensa de derechos colectivos.
- Hábeas data (art. 15), como garantía del control sobre la información personal.
- Pérdida de investidura (art. 183) y moción de censura (art. 135), como mecanismos de control político y ética pública.
Esta arquitectura procesal, única en Latinoamérica por su densidad y efectividad, convirtió al ciudadano en protagonista del orden constitucional, y al juez en garante directo de los derechos. De allí que Colombia sea hoy uno de los países con mayor producción jurisprudencial constitucional a nivel mundial, y con un modelo reconocido como ejemplo de justicia constitucional en clave de acceso efectivo y material a los derechos.
Referencia formal: Prof. Dr. Hernán Alejandro Olano García, autor de la versión comentada Constitución Política de Colombia – Concordada y actualizada, Cuarta edición, Ediciones Doctrina y Ley, 2024.
