La persecución contra personas percibidas como opositoras políticas en Nicaragua persiste y se ha transformado en una práctica sistemática, según advirtió la Oficina de Derechos Humanos. Esta afecta a defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como a líderes religiosos y laicos, incluso más allá de las fronteras, poniendo en riesgo a personas en el exilio.

En una actualización al Consejo de Derechos Humanos informaron que desde 2018, el número de organizaciones canceladas arbitrariamente asciende a 5535, lo que representa más del 80% de las registradas hasta fines de 2017. Este desmantelamiento masivo refleja una reducción drástica del espacio cívico en el país.

“Las detenciones arbitrarias continúan siendo utilizadas como una herramienta de represión política, consolidando un ambiente de miedo para silenciar las voces críticas”, denunció Maarit Kohonen Sheriff, directora de la División de Operaciones Globales de la Oficina. La funcionaria hizo un llamado urgente a las autoridades nicaragüenses a retomar el diálogo y garantizar la protección de los derechos humanos en el país.